EL EJERCITO DE EXORCISTAS SE ORGANIZA EN EL DF

La Iglesia católica mexicana parece creer que el clima de violencia que ha causado la muerte a más de 30.000 personas en los últimos cuatro años se debe a que “el demonio anda suelto”.

Por ello, para combatirla, la Arquidiócesis de Ciudad de México pretende capacitar más sacerdotes exorcistas que luchen contra las “prácticas satánicas” que provocan violencia.

Para la Iglesia Católica, detrás de la ola delictiva existen personas influenciadas por el satanismo, por ello proponen como tarea formar grupos de oración para rescatar a los influenciados por el mal, explica el sacerdote Pedro Mendoza Pantoja, coordinador de exorcistas en la capital.

Decapitaciones, homicidios múltiples, tortura, mutilación de personas, son prácticas de todos los días en México, especialmente las zonas en disputa por carteles de la droga.

El trabajo de los sacerdotes exorcistas aumentó en los últimos años a tal nivel que la Iglesia propone tener a por lo menos uno de estos especialistas en cada Diócesis.

En agosto del anio pasado se realizo en la misma arquidiócesis un curso donde especialistas tanto religiosos como laicos expresaron sus puntos de vista ante mas de  un centenar de  asistentes de todo México.

El responsable de ese curso el padre Pedro Mendoza, coordinador de exorcistas de la Arquidiócesis, aseguró que en la Ciudad de México no se han realizado exorcismos en tiempos recientes.
"Los 8 exorcistas que habemos en el Distrito Federal no hemos encontrado ningún caso de posesión diabólica, eso sí muchísima gente dañada por andarse metiendo en el terreno del diablo con maleficios, brujerías, etcétera" explicó el padre Mendoza.
La Arquidiócesis estima que prácticas como el ocultismo y la veneración de imágenes semirreligiosas conducen al mal y recientemente publicó un compendio de las prácticas demoniacas más comunes, que servirá como manual para capacitar a sacerdotes exorcistas.

México enfrenta una incesante ola de violencia producto del narcotráfico. Más de 30.200 personas han sido asesinadas desde el 2006, cuando se inició el gobierno del presidente Felipe Calderón, pese al operativo con alta participación de las Fuerzas Armadas puesto en marcha en la misma fecha.

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